Como tercer funcionario en comparecer ante el pleno del Congreso del Estado, durante la glosa del primer informe de actividades del Gobierno estatal, el Procurador de Justicia, Felipe Muñoz Vázquez, reconoció el apoyo recibido de la Legislatura para impulsar el trabajo de la fiscalía, destacó el incremento en el presupuesto otorgado y también las modificaciones realizadas al marco legal.
En primer término el Presidente de la Comisión de Justicia, diputado Miguel Ángel Juárez Frías; mostró su preocupación por el incremento en los índices delictivos que se registró en Aguascalientes, del año 2004 al 2010, como el caso de homicidio doloso que creció en 341%, el secuestro en 233%, violación 38%, robo a casa habitación 151% y el robo de vehículos 428%, por lo que solicitó resultados de las estrategias emprendidas por la institución, además de cuestionar si el combate a delincuencia organizada distrae a las corporaciones de la prevención y castigo de los delitos comunes.
Juárez Frías solicitó datos de cuántos delincuentes se han consignado y cuántas órdenes de aprensión se han girado, así como una explicación de las denuncias de irregularidades en arraigo y tortura.
El fiscal detalló que en el 2011 se consignó a 130 personas vinculadas con la delincuencia organizada y el 99% de ellas tienen auto de formal prisión. Aseguró que se han desarticulado bandas de este tipo que operaban en la entidad con total libertad desde hace más de seis años. Destacó que se resolvió el año pasado más del 90% de los homicidios cometidos en el estado e incluso varios que se registraron años atrás.
En ese lapso, se arraigó a 180 personas, cien de ellas vinculadas con la delincuencia organizada, la mayoría también cuentan ya con auto de formal prisión. Respecto al robo de vehículos, según precisó que ha habido una disminución del 24% en el último año y se ha incrementado la recuperación de los autos hurtados.
La baja se presentó también en robo a casa habitación y a comercios, pasando de ocho mil 724 casos en 2010 a cinco mil 863 en 2011.
Por lo que toca a casos de tortura, reconoció que siguen trabajando para erradicar algo que era práctica común, laborando de manera conjunta con las Comisiones Nacional y estatal de derechos humanos y atendiendo las denuncias ciudadanas al respecto. Comentó que se investigan varias denuncias y garantizó que habrá mejoras significativas en el tema.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Marco Arturo Reyes Delgado; en su intervención solicitó detalles al fiscal de las acciones concretas a favor de las víctimas del delito, datos de la depuración policial efectuada en la corporación a su cargo y lo que se ha realizado para disminuir el tiempo que tarda un ciudadano en presentar su denuncia.
A nombre de la bancada del Partido Nueva Alianza, pidió no bajar la guardia en el combate a la corrupción y en la depuración de los malos elementos que atentan contra los derechos de la ciudadanía.
Muñoz Vázquez garantizó que su apuesta es por las tareas de inteligencia, por la capacitación de los elementos y el personal que labora ahí para hacerlos más eficientes, pues comentó incluso que anteriormente los cursos que recibían eran de temas que no respondían a sus necesidades, como outsourcing, estrés, entre otros.
Destacó que prueba del interés de eliminar la impunidad, se ha consignado incluso a elementos de la ministerial, tres casos en esta misma semana.
Anunció que el próximo 15 de febrero se contará en los municipios de Jesús María y Asientos con una agencia del ministerio público que atenderá a la población las 24 horas del día, lo que es parte del proceso de desincorporación que se realiza en la procuraduría.
En su intervención el coordinador de los diputados panistas, Alfredo Reyes Velásquez; cuestionó el aumento el número de denuncias recibidas, pero la disminución en el número de sentenciados. Reconoció una disminución en el número de delitos y la mejora en la percepción general, pero también mostró su preocupación por el alza en delitos del fuero común, por lo que pidió se trabaje con más intensidad en su prevención.
Pidió al fiscal detalles de la relación laboral que mantiene con el Secretario de Seguridad Pública, Rolando Hidalgo Eddy y solicitó se dieran a conocer detalles de la situación que guardan las denuncias interpuestas por el PAN, en el asunto de las irregularidades en la compra de equipo de seguridad en el municipio capitalino y el avance en el caso de la denuncia por la compra irregular de un terreno que fuera interpuesta por él.
De acuerdo al titular de la PGJ, el número de denuncias se incrementó, pero esto es resultado de la transparencia y de que ahora si se integran averiguaciones previas, lo que no ocurrió durante los últimos seis años, en más de seis mil 210 delitos, que solo se inscribían en un registro de guardia, que nunca se convertía en investigación. Sostuvo que durante mucho tiempo la fiscalía no cumplió con su deber y ocultó cifras delictivas reales.
Destacó que solo en enero del presente año se han emitido cien sentencias, pues ahora se integran mejor las averiguaciones, prueba de ello es que hubo en el último año 94% más autos de formal prisión en comparación con el 2010.
En el caso de las denuncias interpuestas por miembros del PAN, señaló que estaban mal integradas, pero se les ha dado seguimiento, y en el primer caso, se siguen practicando diligencias en varias empresas relacionadas con la venta del equipo. Admitió que se les ha obstaculizado en muchas ocasiones el actuar, pero que incluso podrían llegar a realizarse varios cateos.
En el otro caso, también garantizó que continúa la investigación e invitó a los interesados en conocer a detalle la situación de ambos expedientes acudiendo directamente a una reunión en la fiscalía.
Muñoz Vázquez fue claro, en mencionar respecto a su relación con el titular de Seguridad Pública en el estado, que es meramente institucional y profesional, pues nada le obliga a estar en ese cargo para establecer lazos de amistad. Su función como fiscal, indicó no será mermada por ningún interés personal, pues estos no pueden estar por encima de cumplir el compromiso que adquirió al aceptar integrarse a la administración estatal.
A nombre de la bancada del PVEM, su coordinador, Sergio Augusto López Ramírez; señaló que es un señalamiento constante de los abogados, el que la PGJ obstaculiza su trabajo; les impiden la gestión inmediata en los casos que procede fianza; los detenidos son sujetos de tortura y amenaza y las confesiones se arrancan con violencia.
López Ramírez pidió detalles del promedio de escolaridad de elementos que laboran actualmente y la capacitación en materia criminalística con que cuentan. El legislador pidió compromiso del fiscal y reiteró la disposición de los legisladores a colaborar desde su ámbito para impulsar la procuración de justicia.
Como respuesta, el Procurador de Justicia, garantizó que se trabaja para modernizar a la fiscalía, que estaba desarticulada y caminaba sin rumbo. El personal carecía de capacitación y de objetivos, lo que indica ha cambiado.
Admitió que existe una campaña cobarde y anónima en su contra, pero que no hay un solo caso documentado de tortura o una recomendación recibida al respecto, y afirmó que en ningún caso de los que han salido a la luz, han llegado a comprobarse lesiones, por lo que todo ha quedado en estrategia de los abogados que llevan los casos.
Respecto a los 252 agentes que laboran en este momento, detalló que la mayoría son adultos mayores que solo están en espera de su capacitación, y que por esa razón no se involucran en su trabajo, por lo que lo más difícil de lograr es cambiar la mentalidad del personal.
Afirmó que el sabe trabajar con lo que tiene y que no se sienta a quejarse por lo que prefiere pocos comprometidos realmente, a un ejército que solo hace montón.
Se refirió a las condiciones en que se encontraban las instalaciones de la ministerial, que dijo daban vergüenza e incrementaban el sufrimiento de las víctimas del delito, además de que las personas que ahí laboraban, no sabían ni lo que hacían.
El representante del PRD, Gilberto Carlos Ornelas; mostró preocupación por el incremento en el delito de extorsión, aunque disminuya el secuestro. Además de presentar los datos del INEGI, que señalan que solo el 7.8% de los delitos de denuncian y que solo en el 5.5% de los casos se inicia una averiguación previa y cuando esto ocurre, casi siempre el delito queda impune.
Sostuvo que el verdadero problema de la entidad es la impunidad y no la legislación. Reiteró al fiscal el cuestionamiento hecho anteriormente respecto a la situación en la casa de arraigo y la conducta de los ministeriales en ese inmueble.
El diputado perredista, se refirió también al caso de los más de 400 defraudados de Invergroup, caso del que ofreció entregar mayores pruebas y detalles que permitan el avance en el asunto y en la reparación del daño a las familias afectadas.
Pidió información de los casos del levantón del antro Maverick que se efectuó en el 2007 y de la situación que guarda el caso del asesinato del niño Fabián Ramos.
Al responder a estos cuestionamientos, Felipe Muñoz Vázquez; informó que trabajaron en integrar de manera correcta la averiguación de Invergroup y adelantó que hay ya un pliego de consignación, pero que el obstáculo que han encontrado de manera constante es el proceso de mediación que marca la ley y que aprovechó para pedir a los legisladores locales, se revise a la brevedad, pues impide incluso se sentencie a delincuentes sexuales con prontitud.
En el tema del Maverick, el fiscal señaló que está plenamente identificado el sujeto que ordenó la ejecución del delito que posteriormente incluso se ubicó en Tamaulipas y limitó detalles, pues indicó que la investigación así lo amerita.
La misma secrecía, precisó, debe guardar del expediente del asesinato del menor Fabián, pero dio a conocer que el caso esta concluido y que no ha negado información al padre del niño. Detalló que incluso la CNDH conoce del tema y ha estado pendiente del desarrollo de la investigación. Puntualizó que la PGJ no resuelve temas de conciencia, solo averiguaciones previas.
A nombre de la bancada priísta, el diputado Mario Antonio Guevara Palomino; solicitó datos de los mecanismos implementados para fortalecer la cultura de la denuncia, y los datos más destacados de las acciones realizadas en este año. Dio su respaldo al trabajo del fiscal, quien dijo, ha dado resultados en su estancia, que son visibles y ha demostrado valor y decisión en el cargo.
El titular de la PGJ, reiteró su postura a favor de la cultura de la legalidad, para ello funcionará una contraloría interna, que solo existía de membrete, según explicó. Manifestó que se somete al escrutinio de la población, que no teme a las críticas ni a campañas de desprestigio en su contra, pues está acostumbrado a que eso ocurre en un cargo de este tipo de manera constante.
Posteriormente el diputado aliancista, Marco Reyes Delgado; inquirió respecto a mayores detalles de la situación de equipo, instalaciones e infraestructura de la instancia.
El funcionario estatal explicó que la infraestructura ha mejorado debido al interés del titular del Ejecutivo, pero también reiteró, por el interés de los diputados locales por este sector, olvidado mucho tiempo. Destacó que los representantes populares han manifestado y actuado a favor de que la fiscalía cuente con las herramientas necesarias para dar buenos resultados.
Anticipó que en marzo comenzará funciones la Fiscalía especializada en robo de vehículos y son una realidad las modificaciones y mejoras a los edificios de la policía ministerial y la de servicios periciales. Además que adelantó que en el 2013 habrá una casa de arraigos digna.
Finalmente el diputado panista, José Ángel González Serna; reiteró la petición personal y de su bancada de no olvidar a las víctimas del delito, además de pronunciarse a favor de la justicia pronta y expedita.
Al responder a estos cuestionamientos y concluir su comparecencia, Muñoz Vázquez, anunció que en breve será una realidad el Centro de Justicia para Mujeres, para el que se cuenta ya con terreno y presupuesto para edificar y que atiende a un reclamo constante de la ciudadanía.
Además destacó que contrario a sus antecesores ahora si se aplican los recursos para víctimas del delito, pues solo en el 2011, los 500 mil pesos disponibles se distribuyeron entre trece familias afectadas, insistiendo en que las víctimas son prioridad para la institución a su cargo.,
